Modificar el Código Penal para evitar que quienes incurrieron en delito contra la administración pública vuelvan a trabajar en el Estado, crear mecanismos para que los ciudadanos denuncien con seguridad actos de corrupción y un registro nacional de abogados sancionados por irregular comportamiento, son medidas que el Ejecutivo dará de recibir las facultades legislativas solicitadas al Congreso.  Estas iniciativas fueron expuestas por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Según dijo, las mismas medidas serían concretadas a través de decretos legislativos. La funcionaria refirió que, actualmente, la inhabilitación para una persona sentenciada por delito contra la administración publica es de cinco años. “La idea es inhabilitar por un tiempo equivalente al doble o al triple de la pena”, indicó.  Para concretar esta disposición, el Ejecutivo recurrirá al principio jurídico de la “ponderación de bienes”, explicó la ministra.