La disposición del nuevo gobierno peruano a replantear los términos de relación con los mineros artesanales representa un gran progreso en la reforma de la política minera. Significa, además, el fin de la anterior política tan solo reactiva que buscaba acabar con la minería artesanal quemando campamentos y persiguiendo a mineros. Aquí, como en Colombia, este enfoque fracasó: la minería artesanal proliferó y se fortalecieron sus lazos con redes ilegales.

Es momento de aceptar, pues, que la minería artesanal no desaparecerá con medidas meramente represivas. Ha sido un fenómeno histórico constante en América Latina, Asia y África caracterizado por proveer sustento a poblaciones necesitadas y generar encadenamientos económicos locales. Con excepción de la minería que trabaja en zonas de reservas naturales, corresponde al Estado apoyar y regular a la gran mayoría de mineros artesanales que operan dentro del país.

Entre las estrategias para incentivar la formalización de los mineros artesanales se ha planteado crear un fondo estatal para comprarles el oro extraído. Varias instituciones internacionales, como la Cooperación Suiza, han auspiciado intentos similares; sin embargo, el mercado ilegal es tan o más competitivo y puede usualmente pagar bien a los mineros por el mineral sin requerir que estos se formalicen.

Otra propuesta es formar un banco para apoyar a los mineros. Tampoco hay evidencia en la región de que esto promueva la formalización. Generalmente, la minería necesita inyecciones de capital constantes que los estados no pueden proporcionar. En cambio, algunas experiencias en la provincia El Oro en Ecuador demuestran que los mineros trabajan mejor con inversionistas privados. El Estado en este caso podría ayudar a los mineros a desarrollar planes de negocios atractivos para inversionistas. Esto además abriría puertas para una pequeña industria local.

Las iniciativas de reforma de política minera deben repensar los objetivos: ¿Cuál es la prioridad cuando hablamos de minería artesanal? ¿Para qué formalizamos? En la reserva de Garimpeira do Tapajós en Brasil, por ejemplo, el Ministerio de Minería logró que casi todos los mineros artesanales de la zona se formalizaran. Con permisos en mano, los mineros trabajan sin seguir regulaciones ambientales y contaminando. El caso demuestra que la formalización como proceso en sí no sirve de nada si no está acompañado por uno más importante: la educación. Si el Estado Peruano está realmente comprometido con el medio ambiente, el objetivo no debe ser dar un cheque en blanco a los mineros que avale las malas prácticas, sino capacitar para que éstos mejoren sus procesos de extracción y empleen tecnología limpia.

La educación genera lazos de confianza y ayuda a vencer la resistencia a seguir las normas del estado, señala el experto en minería artesanal Marcello Veiga. Algunos mineros temen que seguir las exigencias estatales implique reducciones en su producción y otros no ven factible alcanzar los estándares ambientales. La gran mayoría, asimismo, no ve beneficios en la formalización. Nadie quiere formalizarse si no entiende claramente para qué sirve.

Una buena oferta de capacitación para los mineros es clave para reformar el sector. Evidentemente, se requiere también presencia estatal para hacer cumplir las leyes. La minería artesanal está en la mayoría de departamentos del Perú. Sin embargo, no hay oficinas especializadas en las zonas de impacto. Un Estado que solo aparece para cobrar impuestos es poco efectivo y confiable. Se necesitan oficinas descentralizadas estatales que vean el tema educando y haciendo valer compromisos legales. 

En suma, la minería artesanal debe ser encuadrada adecuadamente para que quienes la practican se inserten de manera eficiente en las cadenas de valor más allá de su contexto local. Ello implica una presencia del estado no sólo como agente represor, sino, fundamentalmente, como un socio educador que acompañe a los mineros en su capacitación y actuación en armonía con el respeto al medio ambiente.