La supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en 90 servicios de emergencia de hospitales y 393 farmacias de todo el país, ha permitido contar con información que delata serias deficiencias en el derecho al acceso a la salud. La jornada se enfocó en los niveles de atención II y III del Ministerio de Salud, EsSalud, los gobiernos regionales y establecimientos de la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea y el Ejército Peruano. La necesidad de supervisar estos espacios responde a que el servicio de emergencia es el ambiente donde se exige mayor dedicación para realizar atenciones oportunas y de calidad, lo que refleja la importancia de contar con un sistema eficiente.

A pesar del carácter prioritario de la atención de emergencias, nuestros comisionados comprobaron que no disponen de servicios complementarios. La situación más apremiante se verificó en el área de ecografías, donde el 51,1% de hospitales supervisados carece de un ecógrafo, aunque es una de las pruebas más importantes para el diagnóstico de los pacientes.

Entre la información preocupante que será entregada a las autoridades del Ministerio de Salud, se comprobó que el 85% de atenciones no son emergencias (prioridad I y II), situación que origina el congestionamiento y hacinamiento en dichos servicios. A ello se suma el alto déficit de equipos y mantenimiento de los mismos, así como de insumos y servicios complementarios para una atención brindada oportunamente, en especial en los nosocomios administrados por los gobiernos regionales.

La situación de hacinamiento que sufren los pacientes se ve reflejada en los siguientes datos, obtenidos por los comisionados de la Defensoría: en el 66,7 % de los servicios de emergencia se ha “institucionalizado” el uso de camillas en los pasillos; en el 62,2%, hombres y mujeres comparten el mismo espacio de atención; el 79,8% de usuarios permanece más de doce horas en espera, lo que aumenta el riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias, lo que además implica un costo adicional al servicio brindado.

No menos alarmante resultó evidenciar las dificultades que enfrenta el personal médico que labora en el área de cirugías de emergencia, acceso a paquetes globulares, funcionamiento del banco de sangre y pacientes pendientes de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En este último aspecto, el 28% de hospitales supervisados tenía pacientes pendientes de su ingreso a dicho ambiente.

Supervisión de farmacias y boticas privadas

Al cabo de la supervisión a 393 farmacias y boticas de todo el país, la Defensoría del Pueblo comprobó que los medicamentos genéricos tienen un precio sustancialmente más elevado en la sierra y selva que en Lima y Callao. Por ejemplo, en Huancavelica los medicamentos Sulfametoxazol + Trimetoprima tienen un costo de cuatro soles, mientras que en la capital y el primer puerto son comercializados a dos soles.

El 32% de las personas entrevistadas al término de su visita a los hospitales supervisados no encontró todos los medicamentos e insumos recetados en el establecimiento médico al que asistieron, lo que los obligaba a adquirirlos en otros lugares, probablemente farmacias particulares, señala una de las conclusiones del informe defensorial.

En las visitas se verificó que los vendedores de 37% de los establecimientos farmacológicos visitados inducían a adquirir medicamentos de marca, lo que está prohibido. Además, solo el 11% de farmacias y boticas visitadas cuentan con la lista de precios, lo que significa que el consumidor no tiene facilidades para tomar una decisión informada que beneficie su salud, y constituye una barrera de acceso a los medicamentos.

Por otro lado, los medicamentos de marca tienen un precio mucho mayor que los genéricos: pueden llegar a costar más del 300%.

La Defensoría del Pueblo tiene como línea de trabajo prioritario atender los problemas del sector salud en el país. Por este motivo, seguirá supervisando la mejora de la calidad de los servicios médicos en todo el país.