Inmediatamente después, Alberto Fujimori detalló las medidas que implementaría en su denominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”: cerrar temporalmente el Congreso de la República y ordenar la reorganización del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional) y el Ministerio Público.

Al inicio de su discurso, Fujimori –hoy condenado a prisión– había hecho hincapié en su interés por construir una “democracia real”. Pero aquella noche, la historia del Perú dio un giro. Los militares salieron a las calles, rodearon sedes institucionales y medios de comunicación y amedrentaron a líderes políticos y periodistas.

Para tratar de justificarse, Alberto Fujimori arguyó obstruccionismo en el Congreso bicameral y en el Poder Judicial, acusándolos de poner “freno a la transformación y el progreso”.

Una de las consecuencias de las medidas de ese día fue la convocatoria a elecciones para instalar un Congreso Constituyente Democrático (CCD), que elaboró una nueva Carta Magna, promulgada en 1993.

Esta estableció un Parlamento unicameral, limitó el rol empresarial del Estado y permitió la reelección presidencial inmediata, lo que fue clave para la permanencia de Fujimori en el poder.

Para el analista político Luis Nunes, la decisión de Alberto Fujimori fue excesiva e injustificable. “Él sí tenía la potestad de negociar con el Congreso. Lo que hizo fue un sacudón para el Estado de derecho”, indicó.

Una postura similar mantiene el director de Vox Pópuli, Luis Benavente: “La incapacidad de gestión política no puede conducirnos a eso. Es como si el ahora presidente nos dijera que su desventaja en el Legislativo no le permite reconstruir el país”.

El periodista Enrique Castillo considera que se dio un tiro de gracia a los partidos políticos. “El autogolpe nos dejó en el oscurantismo en ese ámbito. Ocasionó que los partidos no se volvieran a recuperar”, destacó.